Milagros Tolón, nacida en Toledo hace 57 años, la nueva ministra de Educación nombrada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene ante sí el reto de culminar una reforma educativa que los socialistas pusieron en marcha tras llegar al Gobierno en 2018, de la mano de la entonces responsable del ramo, Isabel Celaá, y cuya ambición se ha ido atenuando después bajo el mandato de su sucesora, Pilar Alegría. Tolón sustituye a Alegría, que deja el Gobierno (donde también era portavoz y responsable de Deportes) para ser la candidata socialista del PSOE en Aragón, cuyo presidente, Jorge Azcón, ha adelantado las elecciones al 8 de febrero.
Durante el acto de traspaso de cartera, celebrado el lunes por la tarde en la sede del ministerio después de haber prometido el cargo por la mañana ante el Rey, Tolón se mostró confiada en que logrará alcanzar acuerdos de fondo con los Ejecutivos autonómicos y la comunidad educativa para desplegar una agenda de modernización y mejora de “la calidad y la equidad del sistema educativo”. Al anunciar su nombramiento, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había destacado su capacidad de diálogo. La va a necesitar. Las autonomías están en su mayor parte en manos del PP, y se han mostrado muy remisas a llegar a pactos con sus dos predecesoras. Los sindicatos de enseñanza, por su parte, manifestaron este lunes su impaciencia y apremiaron a Tolón a cerrar las largas negociaciones que mantienen desde principio de año con el Gobierno para reformar diversos aspectos de la profesión docente.
La nueva ministra comparte algunos rasgos con Alegría. En el momento de ser nombradas, ambas eran delegadas del Gobierno en comunidades autónomas con Ejecutivos socialistas cuyos presidentes no eran afines a Sánchez (Alegría en Aragón, donde gobernaba Javier Lambán, y Tolón en Castilla-La Mancha, donde lo hace Emiliano García-Page. Ambas estudiaron Magisterio (la nueva ministra se tituló, además, en Geografía e Historia). Y las dos tenían experiencia en diversas responsabilidades políticas, pero no específicamente en enseñanza preuniversitaria (aunque Tolón sí tiene práctica docente, ya que fue durante 14 años, entre 1994 y 2007, profesora de enseñanza para personas adultas).
La nueva titular de Educación ha sido, además, alcaldesa de Toledo, diputada autonómica y en el Congreso. Una trayectoria que Sánchez consideró este lunes un “fundamental en una materia en la que todas las administraciones de nuestro país ostentan competencias como es la política educativa”.
Tolón toma el relevo de Alegría, que llegó a Educación en el verano de 2021 en sustitución de Isabel Celaá, impulsora de la actual ley educativa, la Lomloe. Aquel fue el primer paso de lo que los socialistas habían planificado al llegar al Gobierno como una amplia reforma para modernizar el sistema de enseñanza preuniversitaria. Y en la que querían cambiarlo prácticamente todo.
(…)En Moncloa sonó alguna alarma y en julio de 2021, Celaá, que además de sacar adelante la ley educativa había gestionado con acierto la gran crisis educativa causada por la pandemia, salió de forma inesperada (también para ella) del Gobierno. Pedro Sánchez eligió para sustituirla a Pilar Alegría, cuyas responsabilidades en ese momento estaban muy alejadas de la enseñanza. Venía de ser delegada del Gobierno en Aragón, y en sus primeros días en el cargo contaba que justo antes de trasladarse a Madrid estaba volcada en la campaña antiincendios. La nueva ministra recibió el encargo de pacificar el mundo educativo. Y lo ha logrado, en lo que desde cierta perspectiva política constituye un éxito que llevó a Sánchez a ampliar sus responsabilidades, primero en el partido y después en el Gobierno. A cambio, sin embargo, el espíritu de transformación educativa con que los socialistas habían llegado al Ejecutivo se contrajo de forma sustancial. Una pérdida de ímpetu en la que también se notó que Alegría había pasado a tener más frentes abiertos, especialmente como portavoz del Gobierno.
Como dice el catedrático emérito de la Universidad de Murcia Juan Manuel Escudero, otro Ejecutivo español ha repetido el ciclo de consumir una enorme cantidad de energía en cambiar la ley educativa para llegar desfondado a la segunda etapa, quizá más decisiva, de transformar lo que realmente sucede en la escuela.