Abuso sexual a menores, un problema social silenciado

Según Save the Children en España, en el año 2017, se registraron más de 3.000 denuncias por abuso o agresión a menores. El año pasado el Gobierno impulsó un proyecto de Ley de lucha contra la violencia en la Infancia, Ley Rhodes. Esta semana comenzaron los trabajos en el Congreso de debate de enmiendas (un total de 500).

Según el Consejo de Europa, en el ámbito internacional, entre el 15% y el 20% de los niños/as sufren algún tipo de abuso sexual. En la gran mayoría de casos esta tragedia está oculta y silenciada. España no es una excepción. El informe presentado en 2017 por Save the ChildrenOjos que no quieren ver” indica que en nuestro país se denuncia tan sólo un 15% de los abusos y que el 70% no supera la fase de investigación. Según los datos de este organización sólo tres de cada siete denuncias acaba en condena. El motivo no es por el hecho de que sean denuncias falsas, sino más bien porque el sistema judicial español “no está preparado para escuchar y atender a los menores en sede judicial” y garantizar la plena protección de los menores víctimas de abuso.

Dónde se produce el abuso

La mayoría de los abusos se produce en el entorno más cercano del menor: familia, colegio, vecindario. Este hecho dificulta aún más la detección y la capacidad del propio menor para darse cuenta de que lo que está sucediendo es malo. Además, al producirse en el ámbito privado, todo queda supeditado a la palabra del menor contra la del adulto. El niño se convierte en la única y principal prueba.

Dentro de los mitos acerca de los abusos, está el de pensar que se producen en su gran mayoría en familias de clase social baja. Sin embargo, el abuso sexual ocurre en todos los tipos de familias. Otro de los mitos es considerar que el abuso lo ejecuta alguien desconocido, tal como se ha dicho anteriormente la gran mayoría (seis de cada diez abusadores) son conocidos en distinto grado por los niños y niñas.

Según el informe de Save the Children, los niños en general son abusados entre los 11 o 12 años y su agresor es un conocido con autoridad: entrenador deportivo, profesor, monitor de tiempo libre… En el caso de las niñas son abusadas mayormente entre los 7 o 9 años por un agresor del entorno familiar.

En el imaginario social el abuso puede estar relacionado con la penetración. En este sentido, conviene considerar que los abusos sexuales a menores de edad suelen darse de forma paulatina y progresiva. Tal como se indica en el informe, “empiezan por tocamientos y  masturbaciones y sólo en algunos casos la víctima llega a sufrir acceso carnal (coito vaginal en un 4,9% de los casos, anal en un 2,7%)”.

Prejuicios en relación a los abusos sexuales

En el informe publicado por Save the Children señalan una serie de prejuicios respecto a los abusos y argumentan en su contra. A continuación se enuncian cuatro 4 de de los siete, el detalle se puede comprobar en el citado informado:

  • Prejuicio falso nº 1: Los abusos sexuales no son comunes pasan en muy contadas ocasiones.
    • Respuesta. Entre un 10% y un 20% de la población ha sufrido abusos sexuales en su infancia.
  • Prejuicio falso nº 2: Quiénes los cometen están locos, son unos monstruos.
    • Respuesta: No existe asociación entre abusar de niños o niñas y el padecimiento de enfermedades mentales.
  • Prejuicio falso nº 3: Si le ocurriera a un niño o niña cercano, nos enteraríamos.
    • Respuesta: El secreto es el poderoso pegamento que en muchas ocasiones une a abusados y abusadores.
  • Prejuicio falso nº 4: Los efectos son casi siempre muy graves y todos los niños y niñas reaccionan igual.
    • Respuesta: Las personas que de niños sufrieron abusos no se convierten en abusadores, crecen para repetir conductas que vuelven a hacerles víctimas de la violencia de otros.

Nueva legislación: Una puerta para la esperanza

El informe del año 2017 ya advertía que de las 8.125 denuncias que se pusieron en el año 2015 (últimos datos disponibles del Ministerio del Interior) por delitos contra la libertad sexual, el 48,2% corresponden a agresiones a niños y niñas. En ese mismo informe y otros anteriores, publicados por Save the Children y otros organismos, coinciden en señalar que el problema no solo está en la prevención ya que “tampoco hay protocolos de detección adecuados y el abuso sexual se alarga en el tiempo. De media un niño puede sufrir 4 años de abusos”.

El problema se da en también en procesos judiciales dolorosos para los niños y las niñas ya que “obliga repetir demasiadas veces la declaración del niño, acaba revictimizándolo y contamina en ocasiones el testimonio haciendo que pueda perder validez legal”. Para este organismo “el proceso que debe seguir un niño o niña no debería nunca ser el mismo que el del adulto, debería ser llevado a cabo por personal especializado, en ambientes adecuados y, sobre todo, acortándolo en el tiempo lo máximo posible dando así la oportunidad de recuperarse y seguir adelante con su vida en una etapa muy importante de su vida”. Para más información es interesante leer el informe de 2012 de la organización Save the ChildrenInforme sobre la Justicia española frente al abuso infantil en el entorno familiar

Conviene recordar que hace un año Bruselas expedientó a España por no adaptar las normas contra el abuso sexual a menores. La Comisión Europea anunció en ese momento la apertura de un expediente sancionador contra España por no haber aplicado aún las normas europeas para la lucha contra el abuso y la explotación sexual de menores que los Estados miembros debían de haber trasladado a sus legislaciones a finales de 2013 a más tardar.

No ha sido hasta bien entrado el 2020, concretamente en junio, cuando el ejecutivo formado por PSOE y UP impulsó una nueva Ley,  ‘Ley Rhodes‘, de lucha contra la violencia en la Infancia. Uno de los cambios que conllevará será que el plazo de prescripción de los delitos graves contra menores, como los abusos sexuales, no empezará a correr hasta que la víctima haya cumplido los 30 años. En la actualidad, empieza a contar cuando la víctima cumple 18 años y los delitos prescriben entre 5 y 15 años después, dependiendo de su gravedad.

Además de eso, la nueva ley plantea crear una nueva figura en todos los colegios, la del “coordinador de bienestar y protección”. Y obliga a denunciar al cónyuge y a los familiares cercanos de la persona que haya cometido un hecho delictivo cuando se trate de un delito grave cometido contra una persona menor de edad.

Esta semana el proyecto de Ley encara una nueva fase. Ayer se reunió la comisión de trabajo para revisar las más de 500 enmiendas registradas por los grupos hasta el pasado mes de octubre.

Para consultar el texto del proyecto de ley: Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

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