Actores de educación

Pocos temas suscitan tanta controversia en la educación como el papel de los agentes no estatales, se reconoce en la nota conceptual del informe GEM que citaremos. Esta diversidad de opiniones emana de percepciones de la educación como bien público o privado, de consumo o inversión. Los Estados nación modernos de Europa, América del Norte y Asia oriental comenzaron a asumir la responsabilidad de crear sistemas de educación pública en los siglos XVII y XIX con el propósito de preparar una fuerza de trabajo. Los gobiernos estaban dispuestos a asumir los altos costes por los beneficios previstos. En los Estados de reciente independencia, ya en el siglo XX, los sistemas de educación pública marcaron la emancipación del colonialismo. En todos estos casos, denuncia esta nota, la educación pública apuntaba ideales nobles o, dicho sin ambages, ideologías dominantes. Sin embargo, concluye, a pesar de esta tendencia histórica en favor de la enseñanza pública, “la educación sigue siendo un bien privado”.
En su marco teórico, se reconoce que los agentes no estatales de la educación son extremadamente diversos y no se ha encontrado una tipología comúnmente aceptada. Para describir todos los casos existentes, no es suficiente una distinción entre los sectores público y privado. El Instituto de Estadística de la Unesco define las instituciones privadas como aquellas que “no son operadas por una autoridad pública, pero sí controlada o administrada, con o sin fines de lucro, por un organismo del sector privado como, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales, religiosas, grupos especiales de interés, fundaciones o empresas de negocios”.
Para contribuir al necesario proceso de armonización entre las políticas estatales y los agentes sociales, citamos el informe de Seguimiento de la educación en el mundo de la Unesco, en su edición de 2020-2021. Entre sus conclusiones, destacamos que no hay ninguna parte en el mundo en la que no participen en educación actores no estatales. Aunque se reconoce que la mayoría apoya una educación pública, más en países de ingresos medianos y altos, menos en países de ingresos bajos y medianos.
Según datos del informe, la matrícula en la educación privada aumentó del 23 % al 42 % en preescolar entre 1990 y 2018; en Primaria, creció del 9 % al 18 %; en Secundaria, la proporción aumentó del 19 % al 26 % en esos años. En los tres casos, Asia central y meridional es la región con los porcentajes más altos. El informe revela que los actores no estatales están más presentes en educación en primera infancia, técnica, terciaria y personas adultas.
El informe explica que, allí donde las escuelas públicas escasean, o su calidad se ha deteriorado, muchas familias han decidido prescindir de sus servicios. La proporción de centros privados en el mundo aumentó siete puntos porcentuales en diez años: hasta el 17 % en 2013 en Primaria y hasta el 26 % en 2014 en Secundaria. El informe denuncia que la educación pública no suele ser inclusiva porque no consiguen evitar la estratificación y la segregación.

Los gobiernos deben considerar a todas las instituciones educativas
como parte de un único sistema

Un bien público

Este informe concluye que los gobiernos deben considerar a todas las instituciones educativas como parte de un único sistema. Sus leyes y la rendición de cuentas deben proteger y cumplir el derecho a la educación de todos y evitar privilegios o beneficios. Y añade que la eficiencia y la innovación no deben ser un secreto comercial, sino que han de difundirse con transparencia e integridad estimulados por las políticas públicas.
El Marco de Acción de la Agenda 2030 reconoce que la educación es un bien público, cuyo principal garante es el Estado, pero también dice que es una causa común de la sociedad que conlleva un proceso participativo. La sociedad civil y el sector privado cumplen funciones esenciales, y concluye “que los gobiernos no podrán alcanzar el ambicioso objetivo de la educación por sí solos”.