Nuevos miedos a la libertad

Dos han sido las motivaciones decisivas para abordar de nuevo el tema. La primera hace referencia a una nueva campaña del colectivo Europa Laica, con motivo de las últimas elecciones, que, seguramente, pasó muy desapercibida. En ella, pedía, como siempre, la denuncia de los acuerdos del Estado con las religiones (no solo con la Iglesia católica), para avanzar en la libertad de conciencia; también exigía una escuela pública única y laica, es decir, sacar la religión de la escuela y acabar con los conciertos y la escuela privada; todo ello asegurado (literalmente) con cambios constitucionales que permitan un laicismo de raíz.

La segunda, de mayor repercusión mediática, es el sorprendente discurso de la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, en la inauguración del XV Congreso de Escuelas Católicas, en el que osó desvincular el derecho a elegir una enseñanza religiosa y un centro educativo de la libertad de enseñanza garantizada en el artículo 27 de la Constitución española; con el agravante de iniciar esta frase con la alocución adverbial “de ninguna manera puede decirse”, y de insistir en ello tras un sonoro desconcierto del auditorio. La gravedad de esta propuesta radica en desvincular ambas libertades de los derechos fundamentales y someterlos (como concluyó) a las condiciones legales que se determinen. Añádase que la ministra apoyó sus argumentos en una sentencia del Tribunal Constitucional de 1981, cuya jurisprudencia no necesariamente concuerda con sus propuestas.

La primera precisión jurídica, explicada por Escuelas Católicas, hace referencia a la última sentencia del Tribunal Constitucional, 31/2018, de 10 de abril de 2018, que conecta el ideario de los centros con el derecho de los padres a elegir el tipo de formación religiosa y moral que desean para sus hijos, y este, a su vez, con el derecho de las familias a la elección del centro escolar. Esta reciente sentencia del Tribunal Constitucional confirma que estos derechos de los padres son una vertiente específica del derecho a la educación enmarcado en el contenido del artículo 27 de la Constitución española.

Reafirmar la dignidad humana

Las reacciones a esta reconsideración de la libertad de educación, que amenaza ser actualidad en los próximos tiempos, fueron inmediatas y múltiples. El Ministerio de Educación y Formación Profesional, horas después, como si lo tuviera ya previsto, reiteraba en un largo comunicado que el derecho de los padres a decidir la formación religiosa y moral que sus hijos han de recibir, consagrado por la Constitución española, es distinto del derecho a elegir el centro docente. Ese comunicado vespertino venía acompañado de jurisprudencia de hasta treinta y tres sentencias, lo que confirma que este debate estaba preparado y continuará. Al día siguiente, la portavoz del Gobierno valoró esta controversia como artificial, y aseguró que las familias no tienen nada que temer, pero insistiendo en los límites del artículo 27.

No se trata de una cuestión cuantitativa, porque afecta a derechos fundamentales, pero no se pueden pasar por alto dos millones de alumnos en escuelas privadas y concertadas y casi cuatro millones de alumnos en clases de Religión en sus diversas confesiones. El tema tampoco se puede reducir a una simple aprobación de condiciones legales, porque estamos ante derechos fundamentales que emanan directamente de la dignidad humana, inherente a todas las personas cuya garantía es vinculante en una democracia.

En el aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos en diciembre, reafirmemos, sin miedo, la dignidad humana. Esta dignidad inviolable constituye el origen y fundamento de todos los derechos y libertades, es el valor fundamental de la ética universal. Fueron estos valores los que generaron la democracia y el Estado de derecho, no al contrario. Primero las personas, luego las ideas.

Esta dignidad inviolable constituye el origen y fundamento
de todos los derechos y libertades