Cerrábamos el curso escolar sin poder acoger, como merecía, la esperada publicación en el Boletín oficial del Estado del currículo de Religión. Para completar el desarrollo legislativo de la LOMLOE, nos faltaba conocer cómo iban a completar, como propone la ley, las comunidades autónomas, en sus decretos, el mínimo de carga lectiva establecida por el Ministerio para el área/materia de Religión y cómo iban a regular las medidas de atención educativa. La pelota estaba en el tejado de las diferentes autonomías y, una vez más, ha quedado patente que el encaje escolar de lo que representan los saberes de esta asignatura, su naturaleza curricular o el trabajo de sus profesores es una preocupación de segundo o tercer orden, que se aborda sin sentido educativo, sin búsqueda de acuerdo y, en algunas ocasiones, con una manifiesta voluntad de debilitarla o convertirla en irrelevante. Ciertamente, como las demás materias, la asignatura y el profesorado de Religión está perplejo comprobando que, entrando en octubre, todavía hay siete comunidades sin decretos; que algunas modifican, porque sí, la concepción del currículo; que se dan desde las inspecciones educativas instrucciones “ciegas” sobre programaciones didácticas; que no se ha preparado al profesorado; que no se han regulado las medidas de atención educativa; y que, en Bachillerato, se ha tratado con desprecio e ¿ilegalidad? a la asignatura de Religión. El tratamiento que se da es un termómetro de la diferente instrumentalización política con la que las comunidades autónomas abordan su encaje escolar, ignorando la relevancia personal y social de sus aportaciones educativas.
Además de reivindicar la defensa del trato igual para el alumnado, la asignatura y el profesorado, nos toca compartir con la escuela y la sociedad, aprovechando las fortalezas del nuevo currículo, la trascendencia, cada vez más reconocida en organismos supranacionales, de nuestra tarea.
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Director de Religión y escuela
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