Antes de hablar, escuchar

No reconoció un derecho fundamental. No es lo mismo un derecho fundamental que un derecho humano, no es lo mismo garantizar una libertad de elección que reconocer y proteger un derecho humano como derecho fundamental. No es lo mismo. Las palabras tienen importancia. El aborto como interrupción provocada del proceso vital no es un derecho humano ni ha sido garantizado nunca por ningún Estado democrático como derecho fundamental. Pocos días después, el Parlamento europeo, sin capacidad normativa en este punto, incluía ese “derecho” entre los derechos humanos europeos. Los episcopados europeos (COMECE) protestaron. Con razón. Los derechos humanos son innatos en las personas, los derechos fundamentales han de ser reconocidos por un Estado que puede protegerlos. Son estos los que convierten derechos humanos universales en derechos de un orden normativo.
En la región autónoma del Valle de Aosta, noroeste italiano con lengua occitana, los “voluntarios para la vida” han sido demonizados. Realmente, ¿son buitres que se lanzan sobre sus víctimas, indefensas mujeres que están a punto de abortar?, se preguntaba el prestigioso diario católico milanés contemporáneo (04/12/1968). ¿Quiénes son esos “voluntarios para la vida”? ¿Qué pretenden? Si los conocemos de verdad no son un peligro, pero antes de hablar o de opinar a lo tonto, hay que escuchar, leer, informarse.
Sabemos bien que esta cuestión ha dejado de ser simplemente ética, con fuerte influjo de la propia conciencia religiosa, para convertirse en un elemento más de la lucha política, de la cultura del enfrentamiento. Quizá por eso ha dejado de ser una cuestión central para la Iglesia, y ha pasado a ser una piedra de toque política. Se ha desplazado el acento: de ser cuestión de conciencia, pasa a ser clave de la llamada “guerra cultural”, ¿es solo así? Después de cinco años y múltiples borradores, el Dicasterio de la Doctrina de la Fe (han sido prefectos el mallorquín Ladaria entre 2017 y 2023 y el cordobés (Argentina) Fernández, también conocido como “Tucho”, desde 2023), el Santo Padre aprobó en abril de 2024 la declaración Dignitas infinita tras los setenta y cinco años de la Declaración de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas de 1948. Ante las graves violaciones de la dignidad humana, Dignitas infinita enumera trece derechos humanos (no se reduce a dos o tres) (ver Vida Nueva 3360, 8-12).

Valor social de la maternidad

El caso es que la Ley 194/1978 de Italia (de 22 de mayo) en su artículo primero declara que “el Estado reconoce el valor social de la maternidad” y que las Administraciones proveerán servicios sociosanitarios “contribuyendo a hacer superar las causas que podrían inducir a la mujer a la interrupción del embarazo” (epígrafe d), de manera que se puedan “remover las causas” [que pudiesen llevar a la mujer] a la interrupción el embarazo” (artículo 5), lo que recuerda el artículo 2 de la Constitución italiana de 1947, copiado casi literalmente por la nuestra (artículo 9.2). La redacción italiana era el fruto del acuerdo entre Pacelli (Pío XII) y Togliatti, secretario general de los comunistas. A la letra dice: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale”.
Cabría esperar y promover que el voluntariado por la vida sea reconocido como lo que es en realidad, un servicio fundamental a las mujeres, como vimos en Solas de Benito Zambrano, rodada con pocos medios hace más de veinticinco casi en su integridad en un barrio “torero” de Sevilla, cerca del que viví. ¿Recuerdan? Una joven espera un hijo fruto de una relación no consentida y es acompañada en su decisión por un hombre mayor, un vecino que vive solo quien dice que esa no es su posición personal. Él apostaría por aquella vida. La mujer joven le responde: ¿por qué no me lo dices? Según la película, el niño finalmente nació y ahora debe tener más de veinticinco años.

De ser cuestión de conciencia, pasa a ser clave de la llamada “guerra cultural”, ¿es solo así?